Mucho se ha dicho de la Reforma Constitucional en el ámbito educativo. En concreto se modificó el artículo 3º en sus fracciones III, VII y VIII, y el artículo 73ª fracción XXV, de ahí se desprendieron las Leyes secundarias o reglamentarias: Ley de INEE, Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente. Han causado revuelo, no por que aplique a lo medular del proceso social llamado educación, sino porque afecta directamente los derechos laborales que por muchos años han "defendido" a capa y espada (más con espada convenciera) el sindicato y su mediación corrupta y ceñida a intereses de pocos.
En este contexto, las esperanzas de que esta reforma política sea realmente educativa son muy pocas, a menos que entendamos que una de las prioridades es la participación social en la educación. La suma de esfuerzos, la formación de alianzas entre los diversos sectores sociales, nos permitirá tener ranuras por donde transite la ilusión de un sistema educativo de calidad y más equitativo.
¿Para quién son los beneficios de tan importante reforma? ¿serán los niños y jóvenes mexicanos? ¿serán los intereses de los funcionarios públicos en el tintero? Lo esperado es que quienes hacen política educativa puedan intervenir con buenos resultados, pero sobre todo que se puedan conjuntar ambientes de aprendizaje, intervención oportuna para evitar el rezago y fracaso escolar, la atinada implementación de programas que permita a los padres de familia acompañar en el proceso educativo a sus hijos e hijas.
¿cuánto tendrá que pasar para que estos sueños se cumplan? No se, pero lo que si estoy convencido es que nadie va a hacer nuestro trabajo.
